Colombia estaba en la obligación de adecuar su normatividad para cumplir un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En agosto de 2020, la Corte IDH condenó al Estado porque en entonces Procurador Alejandro Ordóñez destituyó a Gustavo Petro como alcalde de Bogotá.
En dicho fallo el organismo internacional advirtió que las autoridades administrativas no pueden destituir a funcionarios elegidos popularmente.
La decisión de la Corte IDH ordena al Estado colombiano hacer las reformas pertinentes.
Amparándose en el resultado de ese fallo, en el Congreso aprobaron un proyecto de ley que reforma las funciones del ministerio público.
Fue ahí cuando se crearon más de mil doscientos nuevos cargos en la Procuraduría General de la Nación.
Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció ayer indicando que dicha reforma no cumple el fallo emitido por ese organismo.
En un documento establece que no cumple con los mandatos de la sentencia que se adoptó en el caso del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
Además, cuestiona que la Procuraduría todavía conserve las facultades para inhabilitar y destituir a funcionarios de elección popular.
Aprobación del Congreso
En enero de 2021, el entonces Procurador Fernando Carrillo dejó un proyecto formulado y radicado ante el Congreso.
Dicha iniciativa acogía las recomendaciones del fallo de la Corte IDH.
Sin embargo, Margarita Cabello, recién posesionada como procuradora, presentó un nuevo proyecto de ley.
Cabello consideró que el proyecto de Carrillo no solucionaba lo exigido por la Corte IDH.
Esta iniciativa fue aprobada con mensaje de urgencia sin el debido debate, según la oposición.
1208 nuevos cargos
Con la reforma aprobada por el Congreso, en la Procuraduría se crearon 1.208 empleos nuevos permanentes.
Según la descripción del articulado no se establece la forma de provisión de estos, por lo que hay dudas sobre si serán de libre nombramiento y remoción.
El modelo planteado por Cabello son tres salas disciplinarias encargadas de las etapas de instrucción y juzgamiento.
Por esta razón la procuradora insistió la necesidad de contratar más gente, pues un mismo funcionario, explicó, no puede estar en la misma etapa.
