La Sala Plena del Consejo de Estado cuestionó la reforma del Ministerio Público que se discute actualmente en el Congreso de la República.
La alta corte hizo un pronunciamiento dirigido a la Procuradora General Margarita Cabello y al congresista Miguel Ángel Pinto.
El máximo tribunal de lo contencioso se expresó en desacuerdo con que se busque asimilar a la Procuraduría como un órgano judicial.
Considera que así resulta afectado el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.
También plantea que la medida iría en detrimento del debido proceso cuando un mandatario o servidor público son sancionados.
Los magistrados reconocen que la Procuraduría tiene competencia para investigar y sancionar a los funcionarios en un proceso administrativo.
Sin embargo, aclara que la institución del ministerio público “no está prevista en la Constitución Política como un cuerpo que forme parte de la rama jurisdiccional”.
Agrega que tampoco “puede desempeñar las funciones que a ella le corresponden”.
Además, señala que estas facultades de jueces a la Procuraduría desconocen la función constitucional de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Igualmente advierten que se viola el principio de división de los poderes públicos.
