Con un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia que acelere la selección de un titular de la Fiscalía General de la Nación “sin interferencias”. Advierten que las demoras en esta designación puede “debilitar el sistema de justicia colombiano”.
La CIDH recuerda que, según cronogramas oficiales, la Corte Suprema debía concluir la elección del titular de la Fiscalía el 7 de diciembre del 2023 considerando que la Presidencia de la República envió de manera oportuna (2 de agosto) la terna integrada por personas “de reconocida idoneidad profesional para el cargo”.
La Comisión lamenta que “debido a la falta de quórum y, posteriormente, a la falta de acuerdo político entre las personas magistradas, la institución quedará bajo un mandato interino a partir del 12 de febrero de 2024, fecha en la que culminó el periodo del anterior Fiscal General”.
La Comisión reconoce que, ante la falta de designación, el 8 de febrero se registraron al menos 71 movilizaciones sociales en todo el país en relación a la elección de la próxima fiscal. Se destaca que, en su mayoría, las manifestaciones fueron pacíficas.
La Comisión resalta que es clave que el proceso de selección del próximo titular de la Fiscalía “debe realizarse, con transparencia y acceso a la información, asegurando los criterios de igualdad, no discriminación, formación y mérito. Además, dicho proceso debe realizarse libre de todo tipo de interferencia, asedio o presiones indebidas”.
Bajo esta explicación, la CIDH “alienta al Tribunal Supremo de Justicia a cumplir con su deber constitucional y finalizar el proceso de selección de la persona titular de la Fiscalía General de la Nación, a la mayor brevedad posible. Asimismo, insta al Poder Ejecutivo a garantizar las condiciones para que dicho proceso culmine sin interferencias”.
A su vez se hace un llamado “a todos los estamentos del Estado a priorizar la institucionalidad democrática colombiana en el ejercicio de sus funciones”.
Ante las tensiones por la presencia de manifestantes en las inmediaciones de la Sede del Palacio de Justicia, la Comisión “registró distintas versiones oficiales sobre la protesta que van desde considerarla como un ejercicio ciudadano mayormente pacífico, hasta calificarla como una forma de asedio y amenaza a la independencia de la justicia”.
En el documento, la Comisión “destaca que la Fiscalía General de la Nación, al tener el monopolio de la acción penal, juega un papel fundamental en la lucha contra la impunidad, el acceso a la justicia y en la preservación de la democracia y del Estado de derecho en Colombia. La ausencia de una persona titular y la designación de personas interinas puede afectar a su independencia y autonomía”.
