La Procuraduría solicitó al Consejo de Estado declarar nulos el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014.
Estas normas establecieron los criterios y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.
La Procuraduría dice que hay abundante evidencia científica de los riesgos y daños irreversibles al medio ambiente.
Según el ministerio público, el fracking daña al todo el recurso hídrico, incluyendo las aguas subterráneas y superficiales.
Agrega que además esa práctica traer graves consecuencias para la salud del ser humano.
Para la Procuraduría, las normas deben declararse nulas, “por infringir las normas en las que han debido fundarse”.
Agrega que esta práctica que pretende implementarse no es compatible con el principio de desarrollo sostenible previsto en la Constitución Política.
“Debe aplicarse el principio de precaución, pues ha de priorizarse la protección al medio ambiente”, indica el documento.
Agrega que Colombia no cuenta con una línea base confiable de información ambiental e hidrológica, ni capacidad de monitoreo y control para el fracking.
Tampoco cuenta con acceso a la información ambiental, geológica, geofísica, geoquímica y sísmica.
