El gobierno anunció que le pedirá a la Corte Constitucional revisar el fallo de la Corte Suprema que le ordena proteger las protestas pacíficas.
La decisión de la administración Duque generó polémica y algunos juristas la califican de desacato.
El exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández dijo que el Gobierno no puede dejar de cumplir lo ordenado por la Corte Suprema.
“La Corte Constitucional podría revisarlo, seleccionarlo. Pero la revisión no suspende el cumplimiento”, precisó.
Indicó que, en caso de no cumplir el fallo, el gobierno estaría cometiendo un abierto desacato.
Al ministro se le da la orden de pedir disculpas y en vez de hacerlo sale a hacer explicaciones, de manera extemporánea. Tiene que cumplir el fallo”, advirtió Hernández.
Por su parte, sectores afines al uribismo consideraron que la Corte Suprema se excedió en sus funciones.
El exviceministro de Justicia Rafael Nieto opinó que estamos en el caso de unos jueces “reemplazando a otras ramas del poder”.
“Esta situación evidencia a unos jueces que “no tienen ningún tipo de responsabilidad política, ni control”, dijo Nieto.
El gobierno respondió a la Corte Suprema que “seguirá enfrentando el vandalismo” con todas las herramientas que estén a su alcance.
El ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo dijo es que el exceso de fuerza durante algunas marchas no es una directriz.
Argumentó que son casos aislados y actuaciones personales de algunos miembros de la Fuerza Pública.
Aclaró que las intervenciones del Esmad se producen “exclusivamente ante las acciones violentas e irracionales que constituyen delitos”.
En su declaración, Trujillo no habló directamente de las 14 órdenes de la Corte Suprema hacia el Ejecutivo.
Simplemente dijo que le solicitó a la Corte Constitucional la selección para la revisión del fallo.