viernes, noviembre 22, 2024
Tecnología

En medio de la pandemia Colombia debate sobre protección de datos

La Alcaldía de Bogotá lanzó la aplicación Bogotá Cuidadora, que también funciona como página web, en la que quienes vivan en la ciudad y deben circular por trabajo, estarían permanentemente monitoreados.

Esta aplicación generó una polémica que se extendió por todo el país debido a las quejas de la ciudadanía sobre el contenido de las preguntas y el control que se debe ejercer para la protección de los datos personales.

Las preguntas incómodas que se hacen son la cédula, teléfono, dirección, motivo para salir, destino, forma de transporte y horario en el que se movilizará, entre otras cosas, además de que con la app se concede el acceso a cámara y micrófono, como ocurre con todas las aplicaciones del mercado.

Ya en otras ciudades como Medellín, en donde hay una similar a la de la capital llamada “Medellín Me Cuida”, está funcionando y según las autoridades ha dado excelentes resultados para la prevención del covid-19.

Ante la polémica en Bogotá la alcaldesa Claudia López reversó la obligatoriedad del uso de la aplicación y definió que será voluntaria. Sin embargo, el debate quedó sobre la mesa: ¿el Estado puede recolectar los datos de sus ciudadanos para controlar una pandemia? ¿Es esto una intromisión a las libertades personales?

En Medellín, por ejemplo, un juez consideró que la aplicación de la ciudad violaba el derecho a la intimidad. Por ahora, las aplicaciones se usarán de manera voluntaria para controlar la pandemia. Pero vale la pena destacar que, en Corea del Sur, referente de lucha contra el Covid-19, efectivamente se utilizaron “datos de celulares y automóviles, transacciones con tarjeta de crédito, historiales de viaje e imágenes de videovigilancia e inteligencia artificial para identificar los casos”.

Lo más importante de esta discusión es que saca a la luz un debate importante: ¿el control de coronavirus justifica un control del Estado sobre los ciudadanos? Además, pone al Gobierno Nacional y a las administraciones locales a exigir mejores protocolos de seguridad y de privacidad a los desarrolladores de las aplicaciones. Seguro este debate terminará en un proyecto de ley en el Congreso.