Ante la polémica por el proyecto de Ley Anticorrupción impulsado por el representante a la Cámara Cesar Lorduy, ya se pronunciaron varios sectores.
La iniciativa busca censurar a las personas y a los medios de comunicación que denuncien a funcionarios públicos del país.
La iniciativa se establecen penas de prisión de 60 a 120 meses y multas de 13.3 y 3 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El artículo también contempla la cancelación de la personería jurídica de las instituciones, desde donde proviene la crítica que se consideren como injuria y calumnia.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) es una entidad que se dedica a la promoción de la libertad de prensa en América y se pronunció al respecto.
Considera el artículo como un ataque directo a la libertad de prensa y desde la organización se pide la eliminación del proyecto.
Según la SIP se trata de hechos de censura en los medios de comunicación si se refieren a algún funcionario público.
Desde este proyecto de ley se vería afectado de trabajo periodístico, la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, dijo que la ley privilegia a funcionarios por encima de los derechos de los ciudadanos.
Los países que mantienen este tipo de restricciones vigentes son Cuba y Venezuela quienes protegen a funcionarios de los medios y la crítica.
Este proyecto de ley fue aprobado por la Comisión Primera y ya pasó a segundo debate.
La SIP comunicó que espera la negación del proyecto en el Congreso, y con esto se eliminen las protecciones especiales que quieren obtener algunos funcionarios públicos.
