El Congreso aprobó el polémico proyecto que le otorga a la Procuraduría funciones de juez para destituir e inhabilitar alcaldes y gobernadores.
El Senado había aprobó la iniciativa con 53 votos a favor y en la Cámara de Representantes también obtuvo mayoría.
Este proyecto lo propuso la Procuraduría en respuesta a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Dicho fallo señala que la entidad no podía destituir o inhabilitar alcaldes y/o gobernadores.
Según la CIDH eso le correspondía a alguna institución que tuviera la facultad de juez penal.
Los votos en el Senado corresponden a apoyo de Cambio Radical, Liberales, Conservadores, La U y Centro Democrático.
Solo 9 de la oposición votaron en contra, porque el resto prefirieron no hacerlo por “falta de garantías”.
Este proyecto lo han condenado la MOE, el Consejo de Estado y la Federación Nacional de Municipios.
El texto que se votó en Senado debe ser conciliado con el que se apruebe en Cámara antes del 20 de junio, día en el que acaba la legislatura en el Congreso.
Una vez conciliado pasará a sanción presidencial previa revisión de la Corte Constitucional.
