El 63 % de los colegios públicos de la región Caribe se ubicó en el nivel de desempeño más bajo (D) en 2023, según la clasificación del ICFES con base en los resultados de las pruebas Saber 11. En el análisis se incluyeron 1717 colegios públicos de las 22 entidades certificadas de la región, de las cuales solo el 4 % clasificó en categorías de rendimiento superior (A+ o A), el 9 % alcanzó un nivel alto (B) y el 23 % restante obtuvo un nivel intermedio (C).
La clasificación del ICFES se determina a través de los resultados de los estudiantes de los últimos tres años en las cinco pruebas del examen, considerando no solo los promedios, sino también las diferencias de puntajes entre los estudiantes. Cuanto más elevados y uniformes sean los puntajes, más alta será la clasificación.
Los resultados del último periodo revelan que Atlántico, Cesar y Córdoba se caracterizan por una marcada desigualdad entre las escuelas oficiales de sus capitales y las de otras entidades en su departamento. Mientras que el porcentaje de establecimientos oficiales de nivel D en Barranquilla, Valledupar y Montería no supera el 30 %, en los municipios no certificados de Atlántico, Cesar y Córdoba este indicador se encuentra entre el 60 % y 80 %, que los sitúa entre los más altos.
Una tendencia similar se observa en el departamento de Sucre; cerca de una tercera parte de los establecimientos oficiales de Sincelejo están en los niveles más altos de desempeño, mientras que, en los municipios no certificados, estas instituciones solo representan un 9 %.
Bolívar, La Guajira y Magdalena
Por su parte, Bolívar, La Guajira y Magdalena sobresalen por la alta proporción de escuelas oficiales en el nivel D. Situación que se evidencia en las capitales: Cartagena (61 %), Riohacha (52 %) y Santa Marta (51 %), y se agrava en municipios como Magangué (65 %), Uribia (96 %) y Ciénaga (83 %). En los municipios no certificados de estos departamentos, la proporción de escuelas públicas de bajo desempeño en Saber 11 también es elevada, siendo el indicador del 86 % en Bolívar y Magdalena, y del 81 % en La Guajira.
En el último quinquenio, se han realizado inversiones significativas en todas las entidades territoriales de la región para el desarrollo de programas y proyectos orientados a mejorar la calidad educativa. Ejemplos de estas inversiones incluyen la construcción y adecuación de la infraestructura escolar, así como becas para la formación de docentes, entre otros.
Recomendaciones
Sin embargo, los datos de Saber 11 plantean interrogantes sobre la relación costo-beneficio de estas iniciativas. Ante este panorama, el Observatorio de Educación de la Universidad del Norte recomienda a las administraciones entrantes considerar las siguientes acciones:
Implementar programas intensivos de acompañamiento para directivos, docentes y estudiantes, con énfasis en los municipios con mayor presencia de escuelas oficiales de categoría D. Estas intervenciones deben estar basadas en evidencias sólidas sobre su utilidad y considerar las necesidades específicas de cada escuela y alumno, organizando las acciones en función de estas particularidades. Esta debe ser una prioridad para Cartagena, Santa Marta y Riohacha.
Invertir de forma decidida en la modernización de las Secretarías de Educación y promover la descentralización de sus actividades de gestión. Los resultados de los municipios no certificados de la región y de entidades territoriales como Magangué, Lorica, Uribia y Ciénaga podrían estar revelando dificultades en la administración del servicio educativo en las zonas más alejadas de las ciudades capitales de departamento.
Implementar programas de formación continua y en servicio para los docentes de todas las entidades territoriales mediante becas en instituciones de educación superior de alta calidad. Se debe priorizar programas diseñados para mejorar la práctica docente en contextos reales, adaptados a las necesidades específicas de cada área y nivel educativo.
Destinar recursos y desarrollar programas de incentivos que atraigan a los docentes con la mejor cualificación a los municipios e instituciones con mayores dificultades.
Implementar un modelo riguroso de evaluación de impacto de las inversiones en educación sobre las condiciones de calidad del servicio educativo.
