Veintiún militares y un civil, entre los que se encuentra el general (r) Paulino Coronado, reconocieron su responsabilidad por 120 falsos positivos.
Las ejecuciones extrajudiciales se cometieron en el Catatumbo, más otros 127 casos que ocurrieron en la Costa Caribe.
En el caso del Catatumbo, el 100% de las personas fueron imputadas por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada.
Los implicados aceptaron su responsabilidad por los hechos.
El oficial de más alto rango en reconocer su responsabilidad fue el brigadier general Paulino Coronado Gamez.
El oficial se desempeñó como comandante de la Brigada 30, en Norte de Santander.
Al aceptar su responsabilidad, manifestó:
“Presento mis sentimientos de perdón por el gran dolor causado por los execrables actos cometidos (…), conllevando al deceso de seres inocentes que se presentan como combatientes, dejando profunda desolación entre sus seres queridos”.
En el subcaso Caribe, quienes no aceptaron su responsabilidad fueron los coroneles Juan Carlos Figueroa y Publio Hernán Mejia, que comandaron el Batallón La Popa en el Cesar.
La JEP ordenó poner en marcha un proceso restaurativo para preparar la audiencia de reconocimiento de verdad y de responsabilidad de los comparecientes.
En los próximos cuatro meses se realizarán acciones pedagógicas del proceso.
Con ello, se busca identificar las expectativas de las víctimas y preparar las propuestas del componente reparador de la sanción.
De esta manera, se llevará a cabo después del proceso una audiencia pública en la que estarán los comparecientes, que ante las víctimas pedirán perdón y en algunos casos ampliarán sus versiones.
